¿Quién es responsable de los accidentes de tráfico?

Hace unos días se produjo un terrible “accidente de tráfico”, como consecuencia del cual dos personas han perdido la vida y un tercero se debate entre la muerte y la vida.

El debate y la discusión ha surgido al conocer un factor que sin duda es el máximo responsable con toda probabilidad del propio “accidente” y de las gravísimas consecuencias del mismo. Es más, considerado como delito en el código penal. Nos referimos al exceso de velocidad por encima de los límites marcados en la normativa española (texto articulado de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación).

Que surja debate o peor aún, que no se haya considerado como una conducta inadmisible el circular por una vía pública a una velocidad que excede los 200 km/h, nos muestra la realidad de lo que los ciudadanos y conductores españoles entendemos por riesgo vial. Quien eleva la voz en este momento puntual debería saber que la prevención de comportamientos de riesgo en la circulación y el tráfico es una tarea y un trabajo que precisa de una continuidad e intensidad a lo largo plazo. Poco sentido preventivo tiene la acusación e imputación de un acto o un delito de manera puntual, si como hemos apreciado una parte importante de la sociedad daba más relevancia a la notoriedad del conductor, que a su comportamiento en calidad de infractor. Es, a mi entender, una clara muestra de la falta de concienciación del riesgo vial que implica conducir a una velocidad así. Es curioso que si el factor al que nos referimos no fuera el exceso de velocidad sino la conducción bajo el efecto de una sustancia, probablemente nadie homenajearía al infractor, cuando ambos comportamientos se recogen en términos similares en el mismo artículo (379) del código penal.

Así, el “accidente” y más las trágicas consecuencias que ha acarreado y que no se pueden valorar pues son vidas humanas, a lo que debería llevar es a demandar y requerir con firmeza que la prevención de lesiones de tráfico ocupe el lugar que le corresponde. Por desgracia la administración, como valedora de la seguridad y del bienestar de los ciudadanos, aunque lo quiera negar, no demuestra el interés que debiera en algo tan fundamental, para la seguridad y el bienestar, como es la concienciación del riesgo vial y su prevención.

La prevención de lesiones de tráfico, es un grave problema de salud pública y debe ser abordado desde una perspectiva multisectorial que implica a diferentes ámbitos de la sociedad. Sin duda, al considerarlo como un problema de salud pública, el ámbito sanitario debería jugar un importante lugar en su prevención. Lo dice la OMS e incluso propone un modelo de intervención preventiva (matriz de Haddon). Así pues, ¿Cómo explica la administración, en concreto el Ministerio de Educación, que la materia conocida como “medicina de tráfico” no esté presente en el desarrollo curricular del grado en medicina, ni otros grados del ámbito sanitario?. No podrá decir que no existe dicha materia, cuando en España tenemos desde hace muchos años la Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT) o en un ámbito más amplio la International Traffic Medicine Association (2009) que la define como una especialidad relativamente nueva que abarca todas aquellas disciplinas, técnicas y métodos destinados a reducir el daño que los accidentes de tráfico causan a los seres humanos. Pero más triste aún si cabe es la falta de interés por parte del Ministerio de Sanidad y de las 17 Sanidades trasferidas desde hace años.

La prevención de “accidentes de tráfico” se sustenta sobre tres pilares fundamentales y si falla alguno de ellos fracasa la intervención preventiva en cuestión. Por un lado existe la norma, que se actualiza y se revisa, junto a ella, el control y sanción para que se cumpla. Pero, al final, la sociedad entiende que una norma es beneficiosa y está dirigida hacia el bienestar del ciudadano, cuando se conciencia del beneficio que supone su cumplimiento y gracias a esa explicación el ciudadano comprende que en ningún caso es una limitación de su libertad ni sus derechos. Pero como vemos, el “consejo sanitario vial” es decir, lo que sensibiliza a la sociedad sobre un comportamiento y una actitud positiva en beneficio de su salud y bienestar, que es lo que permite alcanzar el máximo nivel preventivo, está infravalorado.

Quizá, alguien siga dudando de la necesidad de una intervención sanitaria. Pues bien, para aquellos que dudan: El factor humano está implicado como factor accidentogénico en el 90% de las colisiones y atropellos. Por eso en la mayoría de Estados con políticas viales avanzadas se trata de involucrar al profesional sanitario como pieza fundamental en la prevención de lesiones de tráfico, de modo que la concienciación y sensibilización de la población haría posible reducir el número de víctimas por tráfico.

Pensemos: sobre ese factor humano, responsable de comportamientos, actitudes o falta de capacidad que llevan a una tragedia con resultado de muerte o lesiones graves en la circulación, ¿Qué medidas toma la administración? Solo la DGT a través de sus campañas. Es decir, solo una Dirección General dentro de todo el organigrama del gobierno es la única que se dedica a prevenir lesiones por tráfico, ese llamado “grave problema de salud pública” que ocasionó en 2017, 1.173 muertes y 36.320 heridos. Bien, sin quitar dramatismo, ni restar un ápice de gravedad al problema que supone la violencia de género, que en 2018 alcanzó la cifra de 56 víctimas mortales, y que para su prevención pregunto ¿Cuántas Direcciones Generales participan y otros organismos estatales y autonómico se implican? ¿cuántas manifestaciones de repulsa, cuántas horas en los informativos de las televisiones públicas? Y repito, son necesarios y alabo el trabajo de las diferentes administraciones por dar solución a este gravísimo problema, pero a la vez recrimino a esas administraciones la falta absoluta de interés por prevenir las 1.173 muertes del tráfico rodado. Y no vale ampararse en la presunción de imprevisibilidad y casualidad del “accidente” de tráfico, pues como la violencia de género, ambos son previsibles y por tanto prevenibles.

Por todo esto, seamos objetivos y si hay que penalizar los comportamientos de riesgo vial, también debemos denunciar la falta de políticas preventivas en el ámbito vial que hace muy difícil concienciar del riesgo que esos comportamientos pueden ocasiona.

¿Qué extraemos de esta reflexión?

  •  La falta de concienciación sobre muchos factores de riesgo vial, supone un obstáculo para el entendimiento y cumplimiento de la norma.
  •  los fallecimientos y lesiones causados por “accidentes” de tráfico son un grave problema de salud pública, por tanto una parte fundamental de su prevención está en manos de los profesionales sanitarios.
  • La implicación decidida y multisectorial por parte de la administración en esta lucha es capital para poder enfrentarnos a este problema que cercena la vida de miles de personas cada año.
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